Han sido muchos los acontecimiento que se han suscitado en contra de la integridad y vida de la comunidad de LGBTI de Guatemala; a la fecha suman 22 muertes violentas (13 mujeres trans y 9 gais). Las organizaciones de base comunitaria LGBTI están en constante vigilancia, pero nada se puede hacer de manera concreta si el estado de Guatemala y su actual gobierno abiertamente arremete en sus discursos en contra de las personas que conforman estas comunidades, donde el mismo presidente habla en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, relevando “el orden natural” del matrimonio entre hombres y mujeres, y algunos diputados evangélicos indican que las poblaciones LGBTI son enfermas.
En reiteradas ocasiones, el propio presidente ha lanzado mensajes contra la comunidad LGBTI.
Hace unas semanas se vivió gran tensión en estas poblaciones, ya que el Congreso de la República llevó hasta la segunda lectura (de tres) una iniciativa que aparentemente -en el título- pretendía ser la “Ley de protección a la vida y las Familias”, cuando en realidad era una ley cargada de odio y discriminación hacia las mujeres y las comunidades LGBTI de todo el país que aún no ha sido desestimada por el aparato legislativo.
De acuerdo a su preámbulo, la iniciativa pretendía regular tres temas sin relación entre sí: el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación a la niñez y juventud. A grandes rasgos, la iniciativa limita el concepto de la familia a un solo modelo de familia y prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas la inclusión en su currículo de programas relativos a la diversidad sexual y el enfoque de género que llama erróneamente “ideología de género”; prohíbe “enseñar como anormales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”. Además, pretende reformar el Código Civil para incluir la frase “así nacidos” en relación a la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente, no solo el matrimonio, sino también la unión de hecho entre personas del mismo sexo y limita la adopción únicamente a familias constituidas por un hombre y una mujer.
En este contexto, organizaciones de la sociedad civil hicieron distintas acciones en el país. La Federación Guatemalteca de LGBTI y SOMOS, realizaron dos diálogos y análisis de la amenaza latente de la aprobación de esta ley, apoyados con la Diputada Sandra Morán, el defensor de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos Henry España, acciones que contribuyeron a que la Ley deje la agenda del pleno del Congreso, aunque todavía no ha sido archivada.
Discursos de odio y crímenes de odio
Lamentablemente, el discurso de odio ha desencadenado desde el año pasado agresiones físicas e incluso en asesinatos. Según Andrea Gonzales, directora de OTRANS, a partir de la resolución en contra de la iniciativa de Ley de identidad de género, la polémica en que se vio inmersa y las diferentes opiniones en contra de la identidad de Género desde el pensamiento religioso y moralista, iniciaron con más frecuencia estos hechos y las represalias en contra del sector de mujeres trans. Andrea expresa su pesar e impotencia debido a que, además de estar en contextos de pobreza, aislamiento y exclusión, los asesinatos están en aumento y el estado se resiste en atender sus demandas que intentan prevenir nuevos hechos de violencia en contra de esta población altamente vulnerable. La activista también indica que no es justo para ningún ser humano morir de la manera en que son asesinadas las mujeres trans y lamenta la última muerte de una colaboradora de OTRANS, Dévora, que fue brutalmente asesinada por varios sujetos que abandonaron su cuerpo en un saco.
Hace pocas semanas, Devora fue brutalmente asesinada.
En Guatemala, a nivel general, existe miedo y poca credibilidad de interponer denuncias, no solo por la ausencia de procesos amigables, claros y oportunos sino también debido a la crisis política en la que está inmersa el país y la poca atención que le prestan a estos casos de muertes; las comunidades han naturalizado las agresiones y las familias de las personas asesinadas prefieren guardar silencio para no ser afectados por el odio y la homofobia de los criminales.
Según el Licenciado Víctor Ávila, asesor legal en SOMOS, el miedo que tienen enraizado las personas gais frente a un Estado que no responde no les permite denunciar a sus agresores y prefieren buscar formas de evitar exponerse ante estos; es un reto de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos de las poblaciones y de la cooperación misma, destinar recursos para atender e impulsar soluciones inmediatas ante estos acontecimientos.
Las comunidades LGBTI continúan organizándose para crear mecanismos de prevención que eviten en la medida de lo posible más crímenes de odio basados en la orientación sexual e identidad de género.
